El principio de la igualdad "putativa": Todos los participantes en un AG deberían ser considerados y tratados como iguales, incluso cuando representen circunscripciones muy diferentes en tamaño, recursos, estatus público o privado, e "influencia política" en el nivel nacional. Si sus participantes se tratan los unos a los otros como iguales –como cuasiciudadanos– esto debería mejorar la calidad de sus deliberaciones por medio del estímulo de una expresión más honesta de preferencias y del desarrollo de relaciones de mutua confianza entre ellos. Siempre y cuando un consenso eventual sea alcanzado, será mucho más probable que sea respetado voluntariamente tanto por los miembros como por los no miembros.
El principio de interacción horizontal: Debido a la presunción de igualdad entre los participantes, los procesos de deliberación y de toma de decisiones internos de un AG deberían evitar tanto como sea posible tales dispositivos jerárquicos internos como la delegación estable de tareas, distinciones entre expertos "neutrales" y representantes "comprometidos", estructuras de liderazgo formalizadas, acuerdos de deferencia, etc., y deberían estimular la flexibilidad en el cumplimiento de las tareas colectivas, acuerdos rotatorios para el liderazgo y relatoría, deliberación verbal extensiva, junto con una atmósfera general de informalidad y respeto mutuo. Aquí, la lógica es similar a aquella de la igualdad presunta. Mientras más débil sea una parte interesada dada en la sociedad o en la política, más fuerte debería ser su rol dentro del AG, al menos relativamente hablando.
El principio del consenso: Las decisiones en un AG deberían ser tomadas por consenso más bien que por votación o por imposición. Esto implica que ninguna decisión puede ser tomada contra la oposición expresada de cualquier participante, aunque los mecanismos informales usualmente permiten que los actores se abstengan en un determinado tema o expresen públicamente opiniones disidentes sin el ejercicio del veto. En otras palabras, el consenso no necesariamente implica unanimidad. Ni qué decir que los dispositivos primarios para llegar a un consenso son la deliberación (es decir, tratar de convencer a los adversarios de lo bien-fundada de la propia posición), el compromiso (es decir, mediante la aceptación de una solución en algún lugar entre las preferencias expresadas por los actores) y el ajuste (esto es, a través del peso de la intensidad de las preferencias de losactores). Además, la toma de decisiones por consenso es un incentivo poderoso para que los actores "permanezcan en el juego" en lugar de desertar después de perder.
El principio de la "puerta abierta": Cualquier participante debería ser capaz de salir de un AG a un costo relativamente modesto y sin sufrir represalias en otros ámbitos, ya sea por otros participantes o por autoridades nacionales o regionales. Además, un ex participante tiene el derecho de anunciar esta salida ante un público más amplio (y la amenaza de hacerlo debería considerarse un aspecto normal de procedimiento), pero no la garantía de que, por salirse, puede interrumpir unilateralmente el proceso de gobernabilidad.
Esto provee el complemento para el incentivo notado arriba de permanecer en el juego. Si una sola parte interesada o una minoría de partes interesadas disienten en forma persistente de las decisiones que han surgido consensualmente entre los otros, la salida de bajo costo puede ser una alternativa importante a lo que Albert Hirschmann (1970) ha llamado "voz" o "lealtad". El prospecto de ejercer esta opción debería mantener al grupo dominante en línea; sin embargo, con impedir completamente su capacidad para avanzar hacia adelante en un asunto determinado.
El principio de la proporcionalidad: Aunque sería contraproducente para las influencias ser formalmente pesadas o contadas de manera equitativa, es deseable que a través del rango de decisiones adoptadas por un AG dado haya un sentido informal de que los resultados alcanzados son aproximadamente proporcionales a los activos específicos con que cada participante contribuye (de manera diferencial) al proceso de solución de las inevitables disputas y de cumplimiento de las tareas delegadas. Una forma más ortodoxa de captar este principio sería refiriéndose a la "reciprocidad", aunque esto parece transmitir el significado de participaciones o beneficios iguales a través de algún conjunto de iteraciones. La "proporcionalidad" es similar, pero permite la probabilidad de que las inequidades estables en beneficios emerjan y sean aceptadas como legítimas sobre la base de activos y contribuciones iniciales diferenciales.
El principio de las "alianzas cambiantes": Con el tiempo, dentro de un AG dado debería esperarse que el proceso de formación de consenso sea conducido por diferentes conjuntos de participantes y que ningún participante individual o minoría de participantes sea persistentemente requerida para hacer los mayores sacrificios a fin de alcanzar ese consenso.
Otra forma de describir esta condición es por medio del "pluralismo". Siempre que su composición sea propiamente "adversarial", incluso el AG más especializado debería tener intereses múltiples y rivales dentro de él. Idealmente, estas líneas de clivajes deberían atravesar aquellas de los intereses nacionales, abriendo las posibilidades para la formación de coaliciones transnacionales. Pero incluso si ese no es el caso y los representantes de los mismos países "monolíticos" se enfrentan entre ellos una y otra vez, es de esperar que los mismos siempre ganen o pierdan. Y, si éste llega a ser el caso, todavía está disponible a opción relativamente poco costosa de la "puerta abierta" para prevenir la aparición de dominación o hegemonía de parte de los participantes mejor dotados.
El principio de los "pesos y contrapesos": Ningún AG debería tomar una decisión vinculante sobre personas u organizaciones que no son parte de sus deliberaciones a menos que esa decisión no pueda ser explícitamente desaprobada por otra institución que esté basada en diferentes prácticas de representación y/o de circunscripción. Esta es una de las principales razones por las que los AG s tienen tan pocas probabilidades de éxito en otras regiones o a nivel global donde no existen tales instituciones de orden superior con autoridad. Los pesos y contrapesos son una característica legitimadora muy importante de las unidades territoriales en todas las políticas federalistas y descentralizadas y sus actividades son normalmente supervisadas por aún otra capa de toma de decisiones, a saber, una Corte Suprema o Constitucional independiente.
En resumen, establecer un conjunto de AGs para tratar los asuntos funcionalmente diferenciados relacionados con la sostenibilidad ecológica y social; no es la panacea. No funcionará para resolver todos los asuntos de política que rodean la sostenibilidad y no funcionará a menos que esté basado firmemente en principios de diseño políticos, así como también administrativos. Y eso significa que las decisiones difíciles que involucran su escritura de constitución, composición y reglas de decisión no pueden ser eludidas en forma indefinida. Y, como se enfatizó con anterioridad, los AG s nunca funcionan solos sino únicamente en conjunción con las normas de la comunidad, la autoridad estatal y la competencia de mercado.
Uno no puede descartar completamente la posibilidad de que los gobiernos nacionales sean conducidos por la extrema necesidad o por impedir una catástrofe a dotar a algunos "instrumentos de gobernabilidad global" con los poderes para formular e implementar resoluciones vinculantes, pero en el momento actual y para el futuro previsible las soluciones para nuestra "insostenibilidad" global están en gran parte en las manos de los productores privados que compiten entre sí, distribuidos desigualmente a través de las políticas nacionales, variables según la industria y el sector, y todavía en disputa entre diferentes tecnologías. La única estrategia política viable que se puede prever es proceder en forma incremental (y de manera insuficiente) en los niveles parciales y regionales de acuerdo con los relativamente simples principios de la constitución, composición y decisión dentro de los AG s.
RÍO + 20 Y LA GOBERNANZA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
La Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río + 20. En esta oportunidad los Jefes de Estado y de Gobierno, así como las autoridades de alto nivel, reanudaron su compromiso con el desarrollo sustentable, el que se plasmó en un documento titulado "El futuro que queremos".
La agenda de esta cumbre cubrió dos temas principales: la economía verde y la gobernanza del desarrollo sostenible. Respecto de este último cabe resaltar que desde hace algunas décadas existe conciencia de las debilidades del marco institucional responsable de la implementación del desarrollo sustentable a nivel global. Entre las principales causas de tal debilidad destacan la fragmentación y la falta de coherencia y coordinación, producidas tanto por la proliferación de acuerdos multilaterales del medio ambiente, cada uno dotado de un marco institucional propio, como por el hecho de que prácticamente todos los órganos de la ONU contemplan un capítulo de trabajo sobre el desarrollo sustentable, sin que exista necesariamente coordinación entre éstos. Lo anterior ha propiciado la falta de coherencia y consecuencialmente, la poca integración de los tres pilares del desarrollo sustentable, a saber el económico, el social y el ambiental, tanto en el marco de las políticas mundiales, nacionales y locales.
Aspectos Principales Y Recomendaciones De Política
Potenciar los tratados internacionales sobre el medio ambiente: Los gobiernos deben emprender reformas estructurales en las negociaciones internacionales sobre medio ambiente y el diseño de los tratados. Los tratados presentes y futuros deben basarse más en sistemas de votación por mayoría cualificada en campos concretos.
Gestionar los conflictos entre acuerdos multilaterales: Las instituciones financieras internacionales deben agilizar la transición a una economía sostenible, incluyendo mediante sistemas multilaterales armonizados que hagan posible la discriminación entre productos basada en los procesos de producción, y sobre la base del acuerdo multilateral. Los regímenes globales de comercio e inversión deben enmarcarse en un contexto normativo de valores sociales, ambientales y de desarrollo.
Subsanar las lagunas normativas en la gobernanza internacional para la sostenibilidad: Son necesarios marcos normativos internacionales nuevos o mejorados en diversos campos, entre ellos tecnologías emergentes, agua, alimentos y energía.
Dotar de mayor categoría al PNUMA: Los gobiernos deben entablar negociaciones para hacer del PNUMA una agencia especializada de la ONU, al estilo de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Internacional del Trabajo.
Mejorar la integración de las políticas de desarrollo sostenible en el sistema de la ONU: Los gobiernos deben respaldar el uso de mecanismos generales de integración en el sistema de la ONU para coordinar mejor los pilares sociales, económicos y ambientales del desarrollo sostenible.
Potenciar la gobernanza a nivel de país: Los nuevos instrumentos de política pueden ser buenos complementos de las normativas si se diseñan adecuadamente. Pero no son panaceas.
Racionalizar y potenciar las redes y asociaciones de gobernanza público privadas: La Comisión para el Desarrollo Sostenible y otros organismos necesitan un mandato de mayor fuerza y mejores metodologías para la verificación y el seguimiento de las asociaciones. Pese a que los actores no estatales desempeñan una labor cada vez más importante, la acción efectiva y decisiva por parte de los gobiernos sigue siendo fundamental.
Potenciar la rendición de cuentas y la legitimidad: Se necesitan nuevos mecanismos de rendición de cuentas, incluyendo la obligación de aportar datos accesibles, comprensibles y comparables sobre el desempeño de gobiernos y corporaciones con relación a la sostenibilidad. Las instituciones intergubernamentales deben potenciar el derecho de consulta de los representantes de la sociedad civil.
Abordar el problema de la equidad en y entre países: Las cuestiones de equidad deben estar en el centro de los marcos institucionales para el desarrollo sostenible. Los elevados niveles de consumo en los países industrializados y en algunas regiones de las economías emergentes requieren una atención urgente y especial. Las transferencias económicas desde los países más ricos a los más pobres son inevitables, bien mediante pagos de apoyo directo a programas de mitigación y adaptación o a través de mecanismos del mercado internacional, como por ejemplo los mercados globales de emisiones.
Preparar la gobernanza global para un mundo más cálido: Los programas de adaptación global deben recibir atención prioritaria en el sistema de la ONU y por parte de los gobiernos.
Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú 2016-2021
El propósito de estos acuerdos es contar con el mayor consenso posible en torno a un sistema de medidas de política y resultados orientados a lograr una vida digna para todas las personas, hombres y mujeres de todas las edades en todo el territorio nacional. Se busca con ello tener las mejores condiciones para impulsar nuestro desarrollo en forma integral e inclusiva, como lo plantean las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, así como los recientes compromisos mundiales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Acuerdos de París sobre el Cambio Climático en el marco de la COP 21.
El Acuerdo de Gobernabilidad 2016 – 2021 y los Compromisos Parlamentarios son parte del proceso acumulativo para tener políticas públicas concertadas, que viene desde el 2001 con los planes de desarrollo concertado y del 2002 en adelante con los acuerdos de gobernabilidad, siendo los últimos de ellos los "Acuerdos de gobernabilidad regionales y locales para el periodo de gestión 2015-2018", que están en ejecución en todas las regiones del país.
Se basa en una revisión de la situación de la población y sus condiciones de vida, así como de las políticas públicas y sus impactos en el bienestar de la ciudadanía. Toma en cuenta los 731,044 votos ciudadanos por los derechos de la infancia, obtenidos en la campaña Buen Trato para la Niñez y Vota por la Niñez y se apoya en los aprendizajes nacionales regionales y locales respecto a cómo enfrentar las pobrezas y carencias que afectan a diversos sectores de la población del país.
Con base en esa información y esos aprendizajes se ha formulado también la Matriz de Indicadores para el seguimiento concertado del Acuerdo suscrito.
Su formulación ha tenido en cuenta la revisión de las propuestas presentadas por los diferentes grupos políticos participantes en el proceso electoral. Puede ser considerado un "área de convergencia" de las propuestas en debate, lo que no niega ni busca esconder las diferencias existentes ni mucho menos el valor de las mismas.
Objetivos Y Metas
Reducir la incidencia de la pobreza monetaria extrema a menos del 2.5% de la población del país; y en las zonas rurales a menos del 5%.
Reducir la incidencia de la pobreza monetaria total a menos del 15% de la población nacional; con atención prioritaria a los hogares con niños, niñas y adolescentes y personas adultas mayores.
Reducir la "brecha de pobreza monetaria" de 5.8% a menos de 3.3%
Reducir la Desnutrición Crónica Infantil en menores de 5 años, a menos del 10% y la Anemia a menos del 20% de niñas y niños menores de 3 años.
Reducir la proporción de personas viviendo en hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha a menos de 15 % y en las zonas rurales a menos de 27%
Reducir la proporción de hogares que presentan episodios de violencia intra familiar en el último año a menos de 7.8%
Reducir la proporción de personas que han sido víctimas de actos delictivos contra el patrimonio a menos del 50%
Alcanzar un crecimiento medio anual de la economía peruana no menor al 4.5%.
Mejorar la eficacia el estado en la protección de derechos ciudadanos cerrando brechas en cobertura y calidad en los servicios a su cargo recuperando la confianza ciudadana en las instituciones.
En especial, se trabajara por alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya que se considera que son un importante referente para intensificar los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas y reducirlas desigualdades, existentes en lo social, ambiental, económico e institucional.
Ámbito De Aplicación
Las medidas de políticas y resultados están organizados a partir de las cuatro Dimensiones del Desarrollo Humano: social, económica, ambiental e institucional.
Dimensión Social
Alcanzar el pleno y cabal ejercicio dederechos1 de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, priorizando las zonas rurales y poblaciones indígenas, a fin de reducir la brecha urbano-rural.
Para lo cual se priorizará las siguientes políticas y resultados al año 2021:
El acceso universal al nombre y a un documento de identidad.
El buen inicio a la vida y a la salud en todas etapas de la vida, mediante la cobertura sanitaria universal y gratuita, la reducción de la mortalidad materna y neonatal, el incremento de la cobertura de vacunas en niños y niñas, la reducción del embarazo adolescente, el incremento de programas y servicios de desarrollo infantil temprano, el incremento del acceso a los servicios de salud por parte de las personas adultas mayores, y el acceso oportuno y gratuito a los servicios de prevención y atención oncológica integral.
Lograr la continuidad del crecimiento y una vida sin anemia y desnutrición crónica de los niños y las niñas en todo el territorio nacional, con énfasis en las poblaciones rurales.
El acceso universal a una educación de calidad, equitativa, inclusiva y oportuna, desde la primera infancia.
Una protección especial para población vulnerable y en situación de pobreza.
lograr que ningún niño, niña, adolescente, mujer, persona adulta mayor, sea víctima de ningún tipo de violencia.
Alcanzar una vida productiva con igualdad de oportunidades, empleo digno y seguridad.
Garantizar la participación de las organizaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en los espacios de consulta y seguimiento de políticas públicas.
Lograr el cierre de brechas de oferta de servicios públicos en salud, educación y protección.
Dimensión Ambiental
Mejorar la calidad ambiental, el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad, enfrentar las amenazas y aprovechar las oportunidades asociadas al cambio climático, la promoción de ciudades y comunidades saludables en armonía con su entorno natural, la gestión integrada de riesgos de desastres, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y el desarrollo de la ciudadanía ambiental.
Para lo cual se priorizará las siguientes políticas y resultados al año 2021:
La mejora de la gestión ambiental mediante la institucionalidad en todos los niveles sobre la base de la coordinación intersectorial e intergubernamental, la transparencia y la participación ciudadana.
Fomentar el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales mediante la mejora de la biodiversidad y la competitividad del país y la distribución equitativa de los beneficios; la gestión sostenible de los recursos hídricos y el uso correcto y sostenible del suelo, y la reducción de la tasa de degradación de los ecosistemas.
El impulso de acciones de reducción de gases efecto invernadero, reparación y adaptación frente al cambio climático mediante la implementación del Plan Nacional de Adaptación y de estrategias regionales y locales de Cambio Climático y el cumplimiento de Acuerdos y tratados internacionales.
La promoción de ciudades y comunidades saludables mediante la implementación de planes de desarrollo urbano y rural y el mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento.
El fortalecimiento de la ciudadanía ambiental mediante la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, el acceso a información pública ambiental, y la implementación de mecanismos de acceso a la justicia.
La implementación de planes y programas integrados de gestión para la reducción de riesgos de desastres mediante el fortalecimiento de la articulación y coordinación entre actores, la inclusión del enfoque de riesgos de desastres en la planificación del desarrollo y el incremento del presupuesto para intervenciones de prevención y reducción del riesgo.
Dimensión Económica
Lograr un crecimiento económico sostenido, sostenible, inclusivo, y diversificado en el país, mejorar los niveles de empleo e ingresos de la población, reducir la informalidad, y alcanzarla reducción de la pobreza monetaria, por NBI y otras formas de pobreza que afectan a la población.
Para lo cual se priorizará las siguientes políticas y resultados al año 2021:
la reactivación del sector manufactura, ii)
la promoción de los servicios turísticos y gastronómicos, iii)
el desarrollo de cadenas productivas vinculadas a exportaciones, iv)
el apoyo de la actividad de las pequeñas y medianas unidades de producción urbanas mediante su capitalización y diversificación productiva.
La mejora de la conexión de telefónica e internet en los hogares.
La mejora de la conectividad vial en el país.
El incremento de tráfico aéreo.
El desarrollo de una política contra cíclica sin comprometer el desarrollo de capacidades humanas, ni la estabilidad macroeconómica.
La mejora de los ingresos del gobierno central mediante la reducción de la evasión tributaria y la mejora de las contribuciones sociales y los ingresos no tributarios.
La mejora de los niveles de empleo e ingresos de la población.
La reducción de la informalidad laboral.
Dimensión Institucional
Garantizar una forma de Estado y de Gobierno democrático, que refuerce y garantice los derechos civiles y políticos y promueva la participación de la población, así como afirme condiciones de existencia y de protección de derechos humanos en un marco de gobernabilidad y de gestión pública eficaz, y consolide la reforma de la descentralización.
Para lo cual se priorizará los siguientes objetivos, políticas y resultados al año 2021:
Una gestión pública con enfoque de derechos, centrada en la persona humana, mediante el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho y bienestar de las personas.
Una gestión pública que reconozca el acceso a derechos universales y a la igualdad de oportunidades de toda nuestra población aplicando políticas de discriminación positiva para necesidades diferenciadas de sectores poblacionales de especial protección (personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres, pueblos originarios, población no contactada y afro descendientes).
Una gestión pública eficaz, eficiente, moderna y democrática, al servicio de los ciudadanos y ciudadanas; mediante una gestión transparente y abierta en los tres niveles de gobierno, la participación ciudadana en la vigilancia social y en la rendición de cuentas, y le desarrollo de una política de prevención de la corrupción en la administración pública
Una gestión descentralizada en nuestros 3 niveles de gobierno en base al principio de subsidiariedad.
Una institucionalización del diálogo y la concertación para el ejercicio de la participación ciudadana.
Asimismo, se acordó trabajar en cada una de las dimensiones para lograr un desarrollo humano integral de las poblaciones rurales, mediante la reducción de la pobreza rural y la inseguridad alimentaria, el fortalecimiento de la agricultura familiar y la diversificación productiva, la articulación a mercados y la inclusión económica de las familias rurales, la capitalización del pequeño y mediano productor, la reducción de la vulnerabilidad de la población rural frente al cambio climático y los riesgos de desastres, y la mejora de condiciones de vida de la población rural.
Finalmente, las entidades públicas, privadas y mixtas se comprometen en promover un seguimiento concertado entre Estado y Sociedad Civil a los avances en el cumplimiento de este Acuerdo de Gobernabilidad; para tal fin se utilizará una Matriz de Seguimiento.
Este Acuerdo contiene la propuesta de "Matriz de Indicadores para el Seguimiento Concertado" a las políticas y resultados del Acuerdo de Gobernabilidad 2016-2021, los cuales han sido seleccionados en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y la información actualmente disponible. La Matriz es un insumo de consulta y apoyo para avanzar en la implementación de las políticas públicas necesarias para el logro de los compromisos asumidos. Se trata de indicadores considerados relevantes para el avance de las políticas planteadas a nivel de procesos, de resultados intermedios y/o de logros. También se incluyó algunos indicadores sobre las condiciones de entorno que influyen en el desarrollo de la política y los resultados buscados. (Ver Anexo 1)
Conclusiones
Se necesita un "momento constitucional" en la política mundial, parecido al que supuso en 1945 el trascendental cambio de gobernanza que llevó a la creación de las Naciones Unidas y otras muchas organizaciones internacionales, así como de legislación internacional de gran alcance sobre derechos humanos y cooperación económica. La Conferencia Rio+20 de 2012 nos ofrece una oportunidad. Pero es también una prueba crucial de si las conferencias de este tipo serán capaces de estimular el cambio sustancial y urgente que tanto se necesita en el actual marco institucional para el desarrollo sostenible.
Es en el Perú, justamente donde se ponen de relieve las debilidades de su plan. Mientras que son evidentes los esfuerzos del gobierno por promover actividades tradicionales basadas en los recursos naturales –como la producción minera, agro-industrial, de gas y de petróleo–, faltan iniciativas para promover actividades en sectores que hacen uso intensivo de conocimientos, y en sectores productivos de bienes y servicios.
Lamentablemente, las políticas horizontales sólo están bien complementadas con esfuerzos sectoriales en la minería y, tal vez, en la producción agro-alimentaria. Pero, están lejos de encontrar eco en las propuestas sectoriales para el resto de la industria manufacturera, salud, educación y medio ambiente.
En el momento presente sólo la UE ofrece una alternativa políticamente sostenible para las políticas ambientales de los Estados nacionales y para los tratados entre ellos. Los 20 años o algo que han pasado desde el Informe Brundtland han revelado los límites de la confianza en la política nacional e internacional, al mismo tiempo que la UE ha emitido un número impresionante de directivas en estos temas. Ha alcanzado estas decisiones a través de procesos de "gobernabilidad" muy complicados, poco comprendidos y a menudo improvisados.
Uno no puede descartar completamente la posibilidad de que los gobiernos nacionales sean conducidos por la extrema necesidad o por impedir una catástrofe a dotar a algunos "instrumentos, de gobernabilidad global" con los poderes para formular e implementar resoluciones vinculantes, pero en el momento actual y para el futuro previsible las soluciones para nuestra "insostenibilidad" global están en gran parte en las manos de los productores privados que compiten entre sí, distribuidos desigualmente a través de las políticas nacionales, variables según la industria y el sector, y todavía en disputa entre diferentes tecnologías. La única estrategia política viable que se puede prever es proceder en forma incremental (y de manera insuficiente) en los niveles parciales y regionales de acuerdo con los relativamente simples principios de la constitución, composición y decisión dentro de los AG s.
Una política debe estar dirigida a lograr, primordialmente, una gobernabilidad para el desarrollo sustentable, y debe establecerse garantizando la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten su patrimonio cultural y biológico, asegurando un adecuado acceso a la información y un eficaz acceso a la justicia.
Las estrategias respecto al desarrollo urbano, social y ambientalmente sustentables, debieran regirse por los principios resumidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (junio de 1992) y, en particular, por el primer principio, a saber: "Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza".
Desde América Latina, azotada por el ajuste estructural, la pobreza creciente y las recetas meramente compensadoras de los organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, Calderón retoma un hilo argumental que coloca la reafirmación de los derechos ciudadanos en la agenda social de nuestros países, al entender que: "En nuestra sociedad la pobreza se entiende como una marca de inferioridad que desvaloriza el ejercicio de los derechos individuales; no existe aquí el ciudadano, existe el pobre como figura plena de atributos negativos: carente, desprotegido, marginal, que debe ser atendido por la tutela estatal o la filantropía privada.
No se logra universalizar derechos ni enraizar la ciudadanía en las prácticas sociales. La conquista de la ciudadanía implica entonces reconocer el desarrollo de políticas que reviertan el cuadro social y un tratamiento público del conflicto y su vinculación con la equidad y el desarrollo. Esto depende de que en la trama de los intereses, se dé una construcción de espacios públicos en los que el conflicto sea legitimado y canalizado por vía de la participación ciudadana".
Bibliografía
David Palmer, S. F. (2009). HACIA UNA MEJOR GOBERNANZA DE LA TIERRA. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. Recuperado el AGOSTO de 2016, de http://www.fao.org/3/a-ak999s.pdf
PRESSURE, P. U. (2012). Transformar la gobernanza y las instituciones para un planeta bajo presión. LONDRES. Recuperado el 2016 , de http://www.diversitas-international.org/resources/outreach/Policy%20Brief%20Rio-20%20Institutions%20Spanish.pdf
Schmitter, P. C. (2010). Acuerdos de gobernabilidad para la sostenibilidad:una perspectiva regional. Revista de sociología,, 13-29. Recuperado el 2016 , de http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/24/2401-Schmitter.pdf
Anexos
Anexo 1. Matriz de resultados e indicadores para el seguimiento en la dimensión social, económica, ambiental e institucional
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL.
Materia: Desarrollo Sostenible.
Docente: Sánchez Calle Marco Tulio.
2016.
Autor:
Ascona Rivero Jeanpierre.
Fajardo Fernández Cristel.
Melgar Lloclla Gaby.
Pérez Pachas Melissa.
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